Por María Peña/ EFE
Washington
WASHINGTON -- El presidente Barack Obama promulgó el miércoles la mayor reforma financiera de Estados Unidos desde la Gran Depresión de la década de 1930 y que, según activistas, beneficiará a millones de latinos afectados por la crisis económica.
"Esta reforma ayudará a fomentar la innovación, no a perjudicarla'', dijo Obama en una ceremonia en el edificio Ronald Reagan de Washington, ante 400 líderes de los sectores público y privado que ayudaron a impulsarla.
Según Obama, la causa principal de la recesión fue "el descalabro de nuestro sistema financiero'', y la crisis del 2008 fue fruto de la irresponsabilidad de algunos sectores en Wall Street y en los corredores del poder en Washington.
Durante años, señaló, el sector financiero estuvo gobernado por "reglas anticuadas y débilmente aplicadas que permitieron a algunos sacar ventaja del sistema y tomar riesgos que pusieron en peligro a toda la economía''.
"Gracias a esta ley, al pueblo estadounidense jamás se le pedirá de nuevo que pague por los errores de Wall Street. No habrá más rescates financiados por los contribuyentes, punto'', afirmó Obama, que arrancó ruidosos aplausos de la audiencia.
La reforma permite que el gobierno desmantele a empresas que pongan en peligro a la economía, crea una entidad de protección financiera para los consumidores y aumenta la vigilancia del complejo entramado financiero del país, especialmente del mercado de derivados.
Entre los invitados a la ceremonia figuraron dos estadounidenses afectados por los excesos de la industria bancaria y que fueron señalados por la Casa Blanca como beneficiarios de la reforma, que lleva el nombre de sus principales autores demócratas, el senador Christopher Dodd y el congresista Barney Frank.
La Reserva Federal estará a cargo de la agencia de protección a los consumidores, que vigilará las transacciones financieras, desde préstamos bancarios e hipotecarios a las tarjetas de crédito.
Obama recordó que en los últimos 24 meses, el país ha afrontado "la peor recesión desde la Gran Depresión'', en la que ocho millones de estadounidenses han perdido sus empleos y "decenas de millones'' han visto la estrepitosa caída en el valor de sus casas y pensiones.
Para Obama, esta reforma es una apuesta en la que todos ganan, porque promoverá la confianza de los inversionistas, protegerá a los consumidores y premiará la buena gestión de las empresas.
El legislador demócrata Luis Gutiérrez dijo en un comunicado que las "nuevas reglas de transparencia'' beneficiarán tanto a los inmigrantes que envían remesas a sus países como a los bancos comunitarios que fomentan el crecimiento económico e invierten en pequeños negocios en los barrios.
El Consejo Nacional de La Raza (NCLR) considera que la reforma es una "victoria'' para los hispanos porque, entre otros elementos, contiene préstamos de hasta $1,000 millones para los afectados por las ejecuciones hipotecarias, y una cifra similar para crear viviendas a precios asequibles.
Las minorías negras e hispanas han sufrido la crisis de forma desproporcionada. Según NCLR, el 17 por ciento de los latinos y el 11 por ciento de los negros que son dueños de casa han perdido sus viviendas o corren el riesgo de perderlas.
Pero no faltaron las críticas, en particular de republicanos y de la propia Cámara de Comercio de Estados Unidos.
El legislador Spencer Bachus, el republicano de mayor rango en la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, se quejó de que con esta reforma financiera "el gobierno está tomando control de la economía''.
"El Presidente y los demócratas hoy le dieron a los reguladores financieros el poder de crear incertidumbre financiera durante años'', que sólo creará más problemas para los negocios, advirtió Bachus en un comunicado.
Mientras, el presidente de la Cámara de Comercio, Thomas J. Donohue, aseguró que esta reforma supondrá una carga para el empresariado, "no fortalecerá nuestros mercados de capital, no reactivará la economía ni ayudará a crear nuevos empleos, excepto en el gobierno''.
El Departamento del Tesoro tendrá la tarea de establecer la aplicación de la reforma, en un proceso que podría tardar un año.
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