CONFUSION Y VIOLENCIA EN ECUADOR
Por Alberto Muller
La protesta policial que desató el caos en Ecuador la desencadenó una ley de beneficios salariales que el propio presidente Rafael Correa no quiso firmar y terminó vetándola.
Posteriormente la protesta se extendió a varias ciudades importantes del país, incluyendo Guayaquil, por lo que el gobierno decretó el estado de excepción.
Sin embargo, varias unidades importantes del ejército parecen coincidir con el reclamo de los policías en Ecuador, y eso hace que el estado de excepción no haya funcionado con toda la eficacia debida en el país.
También el presidente cometió la imprudencia de ir al Regimiento 1 en Quito, sede de la unidad de la policía amotinada y en esa circunstancia se produjo el altercado de gases lacrimógenos y de violencias entre unos y otros.
Como consecuencia de estos hechos el presidente Correa tuvo que ser hospitalizado de urgencia, con el agravante de que recientemente había sido operado de una rodilla en Cuba.
El hospital estuvo bajo control de la policía hasta que una unidad del ejército finalmente pudo liberar al presidente Correa, después de diez horas retenido en el hospital.
El aeropuerto de Quito proseguía tomado por la Fuerza Aérea, pero por motivos estrictos de seguridad.
También el ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, tuvo que ser hospitalizado por golpes en la cabeza durante la trifulca con los policías.
Según declaró la Cruz Roja, el número de heridos y golpeados alcanza la cifra de medio centenar. El Ejecutivo también precisó que sólo negociará si los policías renuncian a la violencia.
Antes de ingresar en el hospital, el presidente dijo a un canal de televisión, que los incidentes llevaban el signo de un Golpe de Estado por parte de sectores de la oposición.
Sin embargo, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, Ernesto González, ha pedido encarecidamente al presidente Correa, la revisión de la ley que ha provocado la protesta rodeado de otros altos mandos militares.
También González ha reiterado el apoyo del Ejército al presidente y su respeto por las instituciones democráticas.
Muchos comercios en todo el país han cerrado las puertas por temores a saqueo, en virtud de la huelga policial y a enfrentamientos entre las fuerzas del orden.
Como salida a la crisis, el Gobierno y los policías sublevados intentan crear una comisión que negociaría la solución del conflicto.
Los policías amotinados exigen la restitución de varios beneficios, entre ellos un bono de la policía, los años previstos de ascensos y las condecoraciones, eliminados todos con una nueva Ley de Servicios Públicos que Correa y sus parlamentarios aprobaron, después de que el presidente vetara otra ley previa que garantizaba los beneficios plenamente.
Todo parece indicar que la solución del conflicto pasa porque la Asamblea se reúna y derogue la ley que las fuerzas de la policía consideran injusta y tramposa.
La OEA ha aprobado por aclamación una resolución que respalda unánimemente al Gobierno Constitucional de Rafael Correa y repudia cualquier intento de alterar la institucionalidad democrática en Ecuador.
Carmen Lomallin, la embajadora de Estados Unidos en la OEA, afirmó ‘que Estados Unidos condena tajantemente los hechos provocados por los policías y militares’ que protestan por un proyecto de ley para eliminar incentivos salariales.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que habló por teléfono con el presidente Correa tras la intentona golpista, mostró su voluntad de apoyar en todo lo necesario al Gobierno ecuatoriano en estos difíciles momentos.
Miami, FL., USA
10/02/2010
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