EX PRESOS CUBANOS EN LIMBO MIGRATORIO
Por JUAN O. TAMAYO
jtamayo@elnuevoherald.com
El refugiado cubano Jorge Pérez Fernández tiene la promesa por escrito: el gobierno español le concedería asilo político o residencia dentro de los seis meses de su llegada al país.
Pero 14 meses después de haber llegado a Madrid no tiene ninguna de las dos, una dura lección sobre los caprichos de las leyes de inmigración españolas. Lección que ha transmitido a los presos políticos liberados que han llegado de La Habana en las últimas dos semanas.
"Les comenté la necesidad de que estuvieran alerta'', dijo Pérez, que inició una huelga de hambre la semana pasada para presionar por la solución de su caso: el de un inmigrante indocumentado que no puede trabajar legalmente y no recibe ninguna ayuda del gobierno.
"Estoy totalmente indefenso económicamente'', dijo el arquitecto de 42 años, natural de Banes, en el oriente de Cuba, que llegó a través de la Base Naval de Guantánamo y ahora vive en Islas Canarias.
A Jorge Graupera, un abogado de Madrid nacido en Cuba que se especializa en casos de inmigración, no le sorprende ni el caso de Pérez ni las muchas incertidumbres sobre el estatus de los 20 ex presos políticos y sus 100 familiares que han llegado desde el 12 de julio.
"Hay mucha confusión incluso entre los abogados. Nunca hemos visto algo como esto (...) porque esto queda fuera de las leyes [españolas]'', dijo el abogado, cuya firma, Legal City, ha ofrecido asesoría a los ex presos y a sus familiares.
Graupera dijo que los cubanos no han llegado a España como parte de un acuerdo migratorio, sino bajo un acuerdo del gobierno español de darle entrada inmediata a cualquiera de los 52 presos políticos que Cuba ha prometido liberar y que quieran trasladarse a España.
Funcionarios españoles dicen haberle ofrecido a los cubanos el mejor estatus de inmigración disponible, Protección Internacional Asistida, que les permite solicitar la residencia permanente (que incluye un permiso de trabajo), la posibilidad de regresar a Cuba si La Habana lo permite y la ciudadanía española en cuatro o cinco años.
España también ha ofrecido ayuda en materia de alquiler, ropa, alimentos, transporte, empleo, educación y atención médica, así como con un estipendio: 85.27 euros mensuales por pareja (unos $110), 18.50 por menores de 18 años y 32.79 por dependientes mayores.
Algunos de los ex presos han dicho que pudieran solicitar asilo político, lo que les daría residencia y permisos de trabajo y pudiera facilitarles reunirse en España con otros familiares que todavía están en Cuba, dijo Gustavo Fuentes, un abogado de Madrid nacido en Cuba que está asesorando a Pérez.
Para complica la situación, por lo menos cuatro de los ex presos han dicho que quisieran trasladarse a Estados Unidos. Pero no cumplirían los requisitos de asilo en Estados Unidos una vez que obtengan asilo y residencia en España, y solicitar una visa estadounidense puede demorar entre tres y cinco años, dijeron los abogados. Si toman la ciudadanía española, no necesitan visa para viajar a Estados Unidos como turistas.
Los familiares de algunos de los 32 disidentes todavía en la cárceles cubanas han dicho que los presos no quieren ir a España pero que considerarían irse a Estados Unidos, aunque parece ser otra opción difícil.
Por lo general, la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana (USINT) demora entre tres y cinco años para emitir la autorización de entrada a los refugiados políticos que cumplan los requisitos, dijo Berta Soler. Su esposo, Angel Moya, uno de los 32, está cumpliendo una condena de 20 años.
Miami, FL., USA
07/26/2010
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