LA POLEMICA LEY DE CALIDAD DEL MAESTRO EN LA FLORIDA
Por Alberto Muller
No podemos negar que el principio general de pagar por eficiencia a los maestros, como pretendieron los legisladores que impulsaron y aprobaron la Ley SB 6 para las escuelas públicas de La Florida, puede ser justo y oportuno en otros sectores de producción y servicios, cuya productividad sea fácil de medir en unidades físicas de tiempo.
Pero aplicar el concepto de pago por eficiencia en el marco educativo, como se esbozó en el proyecto en la legislatura del Senado estatal, fue nocivo, equivocado e injusto para los maestros, alumnos, familiares y comunidad en general, porque pagar a un profesional de la educación, de acuerdo al rendimiento individual de los alumnos, es un barbarismo legal y humano en cualquier esquema retributivo del mundo educativo, teniendo en cuenta las variables sociales de marginalidad que afectan a la comunidad de alumnos en sus resultados académicos.
Parece inconcebible que legisladores con cierto nivel jurídico y profesional, no supiesen que alumnos de áreas con mayor incidencia marginal en divorcios, pobreza, violencia, drogas y alcohol, generalmente tienen un nivel escolar menor, que los alumnos procedentes de áreas más equilibradas social y familiarmente.
Pero hay más, esta legislación conocida como SB 6, pretendía retener un 5 por ciento del presupuesto educacional, medida que nos parece inconstitucional, para pagar millones de dólares a empresas especializadas examinadoras, pasando por alto que la enseñanza es un proceso mucho más complejo y humano que el simple examen final con el que comprobamos el nivel docente de un alumno.
En los instrumentos de medición todo maestro para evaluar a un alumno tiene que tener en cuenta la asistencia, la participación en clases, los exámenes, y el comportamiento.
Cualquier educador sabe que un alumno que saca 70 puntos, a pesar de un cuadro familiar de pobreza, abuso y alcoholismo en su hogar, puede ser similar al logro de otro educador, cuyo alumno saca 95 puntos, pero vive en un marco familiar estable y próspero.
Todavía algo más perturbador en la legislación SB-6, que no podemos pasar por alto, es que la ley ignora si un educador ha obtenido un nivel de superación con un doctorado o una maestría, que obviamente debe afectar positivamente su nivel salarial.
Todo esto no quiere decir, que no debamos estimular a los maestros más eficientes, con bonos e incentivos adicionales a sus salarios básicos, como han hecho legislaciones en otros estados, con resultados prometedores.
Pero la evaluación de los maestros eficientes debe recaer en manos de la estructura del sistema escolar de la localidad, no en manos de empresas de examinación ajenas a la comunidad.
Queda mucho por hacer y mejorar en el sistema educacional de La Florida. Por eso llamó poderosamente la atención que los legisladores de la SB-6 no contaran en su proyecto de ley con el apoyo de maestros, alumnos, familiares y sindicatos del sector.
El objetivo de mejorar la educación en nuestra localidad es un proyecto loable y complejo, que comienza con la integración de la comunidad de padres en el escenario educativo, prosigue con el estímulo integral en la superación académica de todos los maestros y concluye con la reducción de una burocracia administrativa que consume actualmente un porcentaje demasiado alto del presupuesto educacional, que debería dedicarse a lograr mejoras salariales para los educadores y remozamientos de estructura y ambiente en las escuelas marginales.
No debe ser que una secretaria o secretario average, y no pretendemos demeritar el trabajo eficiente de ese perfil laboral, gane en ocasiones dentro del esquema administrativo del sistema escolar, el doble y hasta el triple de lo que gana un maestro eficiente en una escuela.
Esto nos parece un contrasentido de la equidad justa y salarial dentro del sistema escolar. Por supuesto entendemos que hay secretarías ejecutivas, que por su descripción de tareas deben recibir una retribución superior a las restantes.
Cualquier cargo administrativo, por importante que parezca, no se acerca en la más mínimo, a la inmensa responsabilidad de un maestro en educar a un infante.
El sistema escolar no puede ser un elefante administrativo que devore fondos en clientelismos centralizantes o en papeleos de archivos sin importancia y desvinculados de la esencia del proceso educativo.
Aceptemos que lo actual en el sistema educacional de La Florida no es del todo satisfactorio y debe mejorarse. Pero el cambio deben plantearlo los maestros, los familiares y los dirigentes del sistema escolar, no unos legisladores o políticos en Tallahassee que desconocen el engranaje educativo.
Evaluemos la forma de estimular adecuadamente a los maestros más destacados por escuela y comunidades. Instauremos un trabajo intenso con la comunidad de padres para ayudar a aliviar los problemas más acuciantes de los alumnos en las áreas marginales. Descentralicemos el sistema educacional con criterio de efectividad. Integremos a los padres, para que sean los auditores en cada una de nuestras escuelas. Ayudemos a que nuestros maestros sean educadores y que nuestros alumnos alcancen una comunidad feliz con estabilidad emocional.
Pero para ello, no hace falta una legislación intrusa y descabellada que da todo su beneficio a ‘empresas examinadoras’ que desconocen que la educación debe estar en manos de los maestros y no de los políticos.
Para el sistema escolar y para trabajar en nuestras escuelas, elijamos a maestros con experiencia y capacitación académica. Y no tengamos temor en remunerar más con bonos e incentivos a los maestros que demuestren más eficiencia, pero para ello reconozcamos todos los factores vinculantes en ese proceso, que no es sólo un examen final a los alumnos.
Por todo lo anterior, es que nos parece adecuado que el gobernador Charlie Crist haya vetado la ley que comentamos.
Recordemos que enseñar puede cualquiera, con un poco de nivel académico, pero educar, sólo quien es un evangelio vivo.
Miami, FL., USA
04/20/2010
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