LA PRIMERA ENMIENDA Y LA LIBERTAD DE PRENSA
por James C. Goodale

James C. Goodale era asesor jurídico de The New York Times cuando la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos permitió a ese periódico publicar los Documentos del Pentágono, que en ese momento eran material clasificado. En este artículo Goodale describe varios casos en los que la Corte Suprema confirmó los derechos consagrados en la Primera Enmienda, permitiendo así a los medios de información proseguir con su misión, no importa cuán detestable les pueda parecer esa misión a los que están en el poder. Goodale es abogado en el bufete Debevoise & Plimpton, firma de abogados de Nueva York especializada en la Primera Enmienda y el derecho de comunicaciones. Craig Bloom, colaborador, ayudó en la preparación de este artículo.

La Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos dispone: "El Congreso no aprobará ley alguna ... que coarte la libertad de expresión o de prensa". Aunque esta Enmienda menciona específicamente sólo al Congreso federal, la disposición actualmente protege a la prensa frente a todo el gobierno, bien sea local, estatal o federal.

Los fundadores de la nación norteamericana aprobaron la Primera Enmienda para hacer una distinción entre su nuevo gobierno y el de Inglaterra, que por mucho tiempo había censurado la prensa y enjuiciado a quienes se atrevieron a criticar a la corona británica. Como lo explicara el juez de la Corte Suprema Potter Stewart, en un discurso en 1974, el "propósito básico" de la Primera Enmienda es el de "crear una cuarta institución, fuera del gobierno, a manera de control adicional sobre las tres ramas oficiales" (ejecutiva, legislativa y judicial).

El juez Steward citó varios casos históricos en los cuales la Corte Suprema, árbitro final en cuanto a la interpretación de la Primera Enmienda, confirmó el derecho de la prensa de desempeñar su función de control del poder oficial. Uno de dichos casos, el de los Documentos del Pentágono, de 1971, tiene una importancia especial para mí.

En ese entonces yo era asesor jurídico de The New York Times, periódico que había obtenido una copia no autorizada de los Documentos del Pentágono, es decir la historia, con clasificación de secreto máximo, del proceso de toma de decisiones del gobierno de Estados Unidos sobre la guerra de Vietnam. Luego de un análisis cuidadoso de los documentos, comenzamos a publicar una serie de artículos sobre esta historia, a menudo poco halagadora, que insinuaba que el gobierno había engañado al pueblo estadounidense con respecto a la guerra.

El día siguiente al comienzo de nuestra serie, recibimos un telegrama del secretario de Justicia de Estados Unidos que nos advertía que nuestra publicación de la información violaba la ley sobre espionaje. Afirmaba también el secretario que la publicación ulterior de este material causaría "perjuicio irreparable a los intereses de la defensa de Estados Unidos".

El gobierno procedió a entablar demanda contra nosotros y convenció al juez de que emitiera una orden judicial temporal que prohibiera al Times continuar con la publicación de la serie. Luego de un torbellino de audiencias y apelaciones judiciales adicionales, terminamos dos semanas después ante la Corte Suprema. La Corte falló que podíamos continuar nuestra publicación de los Documentos del Pentágono.

La Corte consideró que cualquier prohibición previa a la publicación "comporta una fuerte presunción contra su validez constitucional" y afirmó que el gobierno no había cumplido con su grave responsabilidad de mostrar una justificación para la prohibición. New York Times Co. vs. Estados Unidos, 403 U.S. 713 (1971) [Véase la bibliografía para las citas de éste y todos los demás casos mencionados]. Inmediatamente reanudados nuestra publicación de la serie y finalmente recibimos el Premio Pulitzer, el mayor honor que otorga la profesión, por el servicio público rendido con la publicación de nuestros informes.

Siete años antes del caso de los Documentos del Pentágono, la Corte Suprema dio a The New York Times otra victoria histórica relacionada con la Primera Enmienda, esta vez en un juicio por difamación, que fue un caso original y de gran influencia, New York Times Co. vs. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964). Este juicio fue entablado por un alto funcionario electo que supervisó la fuerza de policía de Montgomery, Alabama, durante el apogeo del movimiento de los derechos civiles en la década de los sesenta. Este funcionario afirmó que había sido difamado en un anuncio de una página, publicado en el Times, en el cual se acusaba a la policía de maltratar a los manifestantes pacíficos y de hostilizar a una de las principales figuras del movimiento de los derechos civiles, el Reverendo Martin Luther King.

La Corte Suprema falló que aunque algunas de las afirmaciones en el anuncio eran falsas, la Primera Enmienda no obstante protegía al Times del juicio promovido por el funcionario. La Corte consideró el caso "dentro del marco de un profundo compromiso nacional con el principio de que el debate de asuntos públicos debe ser libre de inhibiciones, vigoroso y abierto y que puede muy bien incluir ataques vehementes, cáusticos y algunas veces desagradablemente agudos contra el gobierno y los funcionarios públicos".

A la luz de este compromiso, la Corte adoptó la norma de que un funcionario público no puede obtener resarcimiento de daños por una falsedad difamatoria relacionada con su conducta oficial "a menos que pruebe que la afirmación fue hecha con `dolo real y efectivo', es decir, a sabiendas de que era falsa o haciendo caso omiso temerario de su veracidad o falsedad". Posteriormente la Corte extendió esta norma más allá de los "funcionarios públicos" para incluir los juicios por difamación entablados por cualquier "figura pública". Curtis Publishing Co. vs. Butts y Associated Press vs. Walker, 388 U.S. 130 (1967).

Aunque el caso Sullivan es mejor conocido por la norma del `dolo real y efectivo', la decisión de la Corte Suprema incluyó una segunda regla legal de gran importancia para la prensa. Al observar que el anuncio motivo de objeción atacaba a la policía en forma general, no al funcionario específicamente, la Corte afirmó que un ataque impersonal de otra manera contra actividades gubernamentales no podía considerarse difamación del funcionario responsable de tales actividades.

La Primera Enmienda también protege el derecho a parodiar figuras públicas, incluso cuando esas parodias son "ultrajantes" y causan graves efectos emocionales en quienes son objeto de ellas. En el caso Hustler Magazine, Inc. vs. Falwell, 485 U.S. 46 (1988), la Corte tenía ante sí la demanda por "graves efectos emocionales causados intencionalmente", presentada por Jerry Falwell, conocido ministro conservador que fuera comentarista militante de temas políticos, contra Larry Flynt, editor de Hustler, revista de contenido sexual explícito. (Este caso figura en forma prominente en la película "The People vs. Larry Flynt", estrenada en Estados Unidos a finales de 1996 con gran éxito de crítica).

El caso Hustler se originó en una parodia consistente en una serie de anuncios del licor Campari en los que personajes célebres hablaban de la "primera vez" que lo habían probado. La parodia en la revista Hustler, titulada "Jerry Falwell habla de su primera vez", contenía una supuesta "entrevista" en la que Falwell comentaba que su "primera vez" tuvo lugar, estando embriagado, durante un encuentro incestuoso con su madre en un retrete fuera de la casa. La parodia también insinuaba que Falwell predicaba sólo en estado de embriaguez.

La Corte Suprema decidió que de acuerdo con la Primera Enmienda no era aceptable el argumento de Falwell de que debía responsabilizarse al editor por una sátira "ultrajante" a una figura pública. La Corte observó que a través de toda la historia de Estados Unidos "la descripción gráfica y la caricatura satírica han tenido un papel prominente en el debate público y político".

Aunque la Corte Suprema opinó que la parodia en cuestión en la revista Hustler tenía poco que ver con las caricaturas políticas tradicionales, concluyó, no obstante, que la prueba de "ultraje" que alegaba Falwell no ofrecía ninguna norma de principio que las distinguiera entre sí como cuestión de derecho. La Corte hizo énfasis en la necesidad de dar a la prensa suficiente "espacio" para ejercer la libertad garantizada en la Primera Enmienda. Agregó que "si la causa de la ofensa es la opinión de quien la expresa, esa consecuencia es una razón para acordarle protección constitucional; ya que es un postulado central de la Primera Enmienda que el gobierno debe permanecer neutral en el mundo de las ideas".

La protección que ofrece la Primera Enmienda va más allá de los reportajes de prensa relacionados con importantes políticas gubernamentales y figuras públicas conocidas. La Corte Suprema ha sostenido que si la prensa "obtiene por medios lícitos información veraz sobre un asunto de importancia pública, [el gobierno] no puede constitucionalmente castigar la publicación de la información, si no existe la necesidad de promover un interés del estado de la más alta consideración". Smith vs. Daily Mail Publishing Co., 443 U.S. 97 (1979).

En la aplicación de este principio la Corte Suprema ha utilizado la Primera Enmienda para anular leyes estatales que amenazan con sancionar a la prensa por sus reportajes sobre: información relacionada con audiencias confidenciales sobre comportamiento judicial irregular, Landmark Communications, Inc. vs. Virginia, 435 U.S. 829 (1978); los nombres de víctimas de violación, Cox Broadcasting Corp. vs. Cohn, 420 U.S. 469 (1975), y los nombres de delicuentes menores presuntos, Smith vs. Daily Mail Publishing Co., 443 U.S. 97 (1979). La Corte también declaró inválida una ley que tipificaba como delito el hecho de que un periódico publicara un editorial el día de elecciones instando a los votantes a apoyar una propuesta incluida en las papeletas. Mills vs. Alabama, 384 U.S. 214 (1966).

La Primera Enmienda también impide que el gobierno ordene a la prensa lo que debe reportar. En el caso Miami Herald Publishing Co. vs. Tornillo, 418 U.S. 241 (1974), la Corte Suprema examinó si una ley estatal podía otorgar a un candidato político el derecho a espacio igual para responder a la crítica y ataques formulados por un periódico contra su hoja de servicios. La Corte anuló la ley, sosteniendo que la Primera Enmienda prohíbe la publicación obligada de material que un periódico no quiera publicar. La Corte sostuvo que la ley sería una carga para la prensa puesto que desviaría sus recursos de la publicación del material que quisiera imprimir y sería una intrusión intolerable en las funciones de los directores de publicaciones.

Sin embargo, la Corte Suprema no ha otorgado una protección similar a los medios de radiodifusión. En un caso anterior al de Tornillo, Red Lion Broadcasting Co. vs. FCC, 395 U.S. 367 (1969), la Corte Suprema confirmó una disposición de la Comisión Federal de Comunicaciones que requería que las emisoras otorgaran el derecho de respuesta en determinadas circunstancias. La Corte justificó esta disposición citando la escasez del espectro de radiodifusión y la función del gobierno en la asignación de las frecuencias.

Hoy el problema de la escasez es mucho menor debido a los avances tecnológicos en la división del espectro y a la existencia de nuevas formas de difusión como la televisión de cable y la Internet. Aunque todavía no se han resuelto muchas cuestiones sobre el alcance de la Primera Enmienda en lo que se refiere a estos nuevos métodos de difusión, los defensores de la Primera Enmienda esperan poder convencer a la Corte Suprema de que se les otorgue el más alto nivel de protección que ofrece la Enmienda.

Aunque generalmente la Primera Enmienda impide que el gobierno restrinja o sancione a la prensa, la Enmienda usualmente no requiere que el gobierno proporcione información a la prensa. Sin embargo, el gobierno federal y los gobiernos estatales han aprobado leyes de libertad de prensa y de sesiones abiertas que otorgan a la prensa el derecho legal de obtener determinada información y de observar muchas de las operaciones del gobierno. Además, la Primera Enmienda sí otorga a la prensa el derecho de asistir a la mayoría de los juicios.

La Primera Enmienda también otorga a los periodistas el privilegio, limitado, de no divulgar sus fuentes o información a litigantes que pretendan utilizar esa información ante los tribunales. En el caso Branzburg vs. Hayes, 408 U.S. 665 (1972), la Corte Suprema falló que los reporteros no tenían el privilegio de negarse a contestar las preguntas formuladas por un jurado de acusación directamente relacionadas con la conducta delictiva que los periodistas presenciaron y reportaron.

Sin embargo, en su sentencia la Corte observó que la recolección de noticias está protegida por la Primera Enmienda y muchos tribunales menores han aplicado un privilegio condicionado de la Primera Enmienda en situaciones en que la necesidad de información del periodista era menos imperiosa que en el caso Branzburg. Estos tribunales requieren que los litigantes prueben que el material que procuran es pertinente a su demanda, necesario para entablar la misma y no disponible de otras fuentes. Además, más de la mitad de los estados han aprobado leyes llamadas "Shield Laws", que otorgan a los periodistas privilegios similares.

Aunque normalmente la prensa debe obedecer las leyes de aplicación general, la Primera Enmienda impide que el gobierno imponga leyes que discriminan la prensa. Por ejemplo, la Corte declaró inválida una ley que ordenaba un impuesto especial a periódicos grandes, Minneapolis Star & Tribune Co. vs. Minnesota Commissioner of Revenue, 460 U.S. 575 (1983), y una ley que gravaba con un impuesto ciertas revistas pero no otras, con base en su contenido, Arkansas Writers' Project, Inc. vs. Ragland, 481 U.S. 221 (1987).

Como lo ilustran los casos mencionados aquí, a lo largo del siglo XX la Corte Suprema ha dado vida al texto de la Primera Enmienda, al reafirmar el derecho de la prensa a llevar a cabo su misión, no importa que tan detestable pueda parecer esa misión a los que estén en el poder. Los tribunales han puesto algunos límites a esta libertad y existen interrogantes en cuanto al alcance de esa libertad en lo que se refiere a los nuevos sistemas de difusión y a los métodos más atrevidos que emplean los periodistas para obtener las noticias. Con todo, confío en que la Corte Suprema continuará reconociendo que, como escribió el juez Stewart, en la sentencia del caso de los Documentos del Pentágono, "sin una prensa informada y libre no puede haber un pueblo ilustrado".